Dos casos de injusticia extrema
Gral. Juan Rivero Lazo, víctima de la injusticia
Ahora que millones de peruanos estamos saliendo de la pobreza gracias al crecimiento económico que genera el libre mercado, no debemos olvidar que la prosperidad que disfrutamos hoy hubiese sido imposible sino se pacificaba antes el país. Nadie hubiese invertido un solo dólar en el Perú sin un clima de inversión propicio.
Ambos logros, crecimiento económico y la paz, nos costaron sangre, sudor y lágrimas, literalmente. El pueblo peruano asumió con estoicismo los costos que demandaron ambos procesos: El necesario e inevitable ajuste que estabilizó la economía devastada por el estatismo, y las medidas de seguridad extraordinarias que hubo que aplicar para acabar con el terrorismo. El pueblo se sacrificó durante años y ahora cosecha los frutos de ese sacrificio. Tenemos que reconocerlo.
Pero también debemos reconocer que durante aquellos años aciagos, cuando el miedo paralizaba a muchos, hubo peruanos que pusieron el pecho a las balas en la primera línea del frente de batalla, en parajes inhóspitos de los Andes y la selva, en las calles oscuras y sórdidas de ciudades empobrecidas. Sin esa cuota de vidas y de valor jamás hubiese triunfado la democracia.
La reflexión viene a propósito de la persecución a los comandos que rescataron a los rehenes del MRTA en la embajada del Japón, y del abuso que se comete contra el general Juan Rivero Lazo, preso 13 años sin sentencia judicial firme, por razones que deshonran a la justicia.
Son 16 años de acoso judicial a los comandos. Todo porque la ONG Aprodeh inventó que los terroristas fueron “asesinados” y presionó para que fiscales “capacitados” por ella misma admitieran semejante acusación. Testigos y peritos independientes han probado que los terroristas murieron en combate, pero el caso sigue abierto, para vergüenza de la justicia.
Aprodeh dice que el rescate fue una “matanza”. Según la ONG, los dos comandos que murieron y los otros 20 heridos con esquirlas de granadas y balas de fusiles seguramente se dispararon solos con las armas del MRTA. Más ridículo, imposible.
Al cumplirse hoy 16 años del rescate que marcó la derrota definitiva del terrorismo, el momento es propicio para pedirle al Poder Judicial que haga respetar su autonomía y cierre definitivamente la persecución.
El caso Rivero Lazo es digno de una antología del abuso contra los derechos humanos. Paradójicamente, ha sido fraguado por supuestos “defensores” de esos derechos. Siendo inocente, está 13 años preso sin sentencia firme, por razones políticas.
Las ONG que presionan para que siga preso dicen que Rivero fue el jefe del Grupo Colina. Sin embargo, durante el juicio no hubo prueba ni testigo que lo inculparan. Al contrario, los Colina declararon que Rivero ni siquiera conoció sus actividades. Y quien denunció a Colina, Rodolfo Robles, declaró que Rivero no tenía nada que ver con el grupo y era solo un “chivo expiatorio” de Vladimiro Montesinos.
Marietta Rivero, hija del general, reveló que el abogado Antonio Salazar (IDL), le advirtió a su familia que Rivero Lazo saldría libre solo si declaraba que el gobierno creó el Grupo Colina, y que si se negaba a hacerlo le abrirían nuevos procesos para que nunca salga de la cárcel.
Rivero no aceptó y la amenaza se cumplió: Le abrieron más procesos judiciales, uno tras otro, para impedir que saliera libre. Por si fuera poco, las ONG presionan ahora para que sea acusado -13 años después- del delito de “lesa humanidad”.
El Tribunal Constitucional es la institución democrática llamada a hacer justicia en este caso. Como garante de los derechos fundamentales, debería ordenar la excarcelación de Rivero y el archivamiento del proceso por los graves vicios cometidos. Necesitamos que la justicia deje de ser usada como instrumento de persecución,para poder consolidar nuestra democracia.
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